COLUMNA DE OPINIÓN:
La justicia; el trato equitativo; y el reconocimiento de un salario digno han sido siempre las exigencias -sin eco- de una clase supeditada a la voluntad política manejada por las clases burguesas “responsables del desarrollo del aparato productivo del país”.
Guayaquil, perla del pacifico, guarda en su registro histórico una triste fecha y de ingratísima recordación. El 14 de noviembre de 1922, se produjo una de las peores masacres de los últimos siglos en el país. Tras un escenario de crisis económico, político y social, el grupo de clase trabajadora – clase obrera en términos de Marx- plegó a un paro que convocó a diversos actores sociales como obreros; empleadas domésticas; carpinteros; albañiles, los cuáles, mediante un manifiesto dirigido a la gobernación pedían que el presidente de la república en turno tome medidas urgentes para mejorar la penosa situación de los trabajadores, quienes exigían una mejora en la condición de vida y del trabajo.
El presidente Luis Tamayo, dirigió al país un paquete de medidas económicas tratando de solucionar la crisis. Pero pasó por alto, o mejor dicho, se le olvidó incluir las demandas de los obreros en su paquete de medidas. Cansados ya de esperar una respuesta urgente y necesaria, los obreros y otros sectores se movilizaron con fuerza hacia el cabildo en una marcha popular.
Menester era pues, calmar a la agitada “muchedumbre” que alzaba su manifestación en contra del inestable momento. El resultado final -de esa parafraseada calma- fue nada más y nada menos casi un centenar de cadáveres entre obreros, mujeres e inclusive niños que fueron echados al manso río Guayas en una suerte de “aquí no pasó nada, el muerto al agua y cada cual a su casa” . En palabras justas del historiador Efrén Avilés Pino: “Esta situación se pudo evitar, si el gobierno hubiera atendido prontamente a los reclamos de los trabajadores…”. Pero ¿Cuándo el poder político ha dejado de manejar al estado como una fuerza gendarme al servicio del poder?
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